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La UE aprobó un tratado constitucional. Reemplaza el fracasado proyecto de carta magna europea; aún debe ser ratificado por los 27 miembros
Luego de dos años de crisis institucional, la Unión Europea (UE) aprobó ayer en esta ciudad un tratado que promete agilizar la toma de decisiones y sacar al bloque europeo de la parálisis, aunque aún está por verse si será aceptado por los parlamentos y los ciudadanos de los 27 países miembros. “Es una victoria de Europa”, exclamó exultante el primer ministro portugués, José Sócrates, al anunciar el consenso en torno del texto.
 El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su esperanza de que el tratado aporte “serenidad y fortaleza” a la UE y de que todos los gobiernos se comprometan para hacerlo durar “mucho”. Por su parte, el premier británico, Gordon Brown, estimó que “llegó el momento de que Europa avance”, mientras la canciller alemana, Angela Merkel, advertía que, a partir de ahora ,”Europa va a funcionar mejor”. El Tratado de Lisboa, producto de un trabajoso acuerdo, reemplaza a la cuestionada Constitución europea, que no pudo ser puesta en marcha porque fue rechazada en los referendos celebrados en Francia y Holanda, lo que sumió al bloque en su mayor crisis en 50 años de existencia.
Además, permitirá a la UE aprobar medidas con el respaldo de la mayoría de los 27 países miembros, lo que posibilitará, según se estima, la implementación de muchas resoluciones que se encontraban postergadas por rencillas entre los socios. Actualmente, se requiere unanimidad entre los miembros para aprobar resoluciones.
El nuevo tratado, que fue objetado reiteradamente por Polonia y la República Checa, tiene por objetivo dotar a la UE de nuevas herramientas para competir de un modo más efectivo con Estados Unidos y Asia, actuar contra el terrorismo y atender las necesidades sociales de su población.
“Polonia obtuvo todo lo que quería”, se vanaglorió ayer el presidente polaco, Lech Kaczynski, que había bloqueado el tratado en reiteradas oportunidades con su posición intransigente.
Tras ásperas negociaciones, Kaczynski logró establecer la llamada “cláusula Ioannina”, que permitirá a países en minoría bloquear durante cierto tiempo una decisión, y espera capitalizarlo en las elecciones legislativas polacas que se celebrarán mañana.
También el premier italiano, Romano Prodi, consideró la cumbre de Lisboa un “triunfo” para Italia porque su país logró un diputado extra. Italia quería mantener a toda costa su paridad con Francia y el Reino Unido en el Parlamento europeo, pero el nuevo sistema de “proporcionalidad decreciente” que contempla el tratado otorgaba a Italia dos diputados menos que a Francia y uno menos que al Reino Unido. Finalmente, Prodi aceptó lo que denominó una “solución equilibrada”.
Zapatero también se mostró exultante por las implicancias de la cumbre para España: su país tendrá cuatro diputados más que en 2000. Pero la oposición, que esperaba una cifra mayor, no quedó satisfecha. “Zapatero es incapaz de defender los intereses de España”, manifestó el secretario del Partido Popular (PP, derecha), Angel Acebes.
Por su parte, Brown descartó convocar a un referéndum en Gran Bretaña y afirmó que ratificará el tratado en el Parlamento, donde enfrentará una dura oposición en el Parlamento. El jefe de la oposición conservadora, David Cameron, lo acusó de tratar a los británicos “como idiotas” y dijo que peleará muy duro en la Cámara de los Comunes para obligarlo a llamar al referéndum. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, por su parte, prometió una rápida ratificación parlamentaria del acuerdo.
Tras la firma del Tratado de Lisboa, en diciembre próximo, los 27 tendrán un año para ratificarlo para que entre en vigor a principios de 2009. El asunto despierta las peores pesadillas de sus impulsores, sobre todo cuando se invoca el término “referéndum”, por lo ocurrido en Francia y Holanda. El “no” de un solo miembro significaría el final del texto.
Aunque sólo Irlanda está obligada por su Constitución a convocar un plebiscito, la opinión pública de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España quieren que el texto sea sometido a voto popular .
Agencias AP, DPA, Reuters y AFP
La Nación, Buenos Aires, 20.10.2007
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